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Justicia, proporcionalidad y clamor popular

Alfredo Arizmendi (SCN)
2 Jul 2018
SCNavarra

El sábado 23 de junio Geroa Bai celebró su acto de cierre de curso político. El repaso de actualidad y balance de actuaciones que realizó la presidenta de Navarra no podía pasar de puntillas ante la agitada actualidad en el ámbito de la administración de Justicia. En este sentido, Barkos realizó -y pido disculpas por la larga cita-, las siguientes consideraciones:

“La Justicia española tiene que esprintar para llegar a los puestos de cabeza de la sociedad si es que quiere seguir andando con ella en un escenario de democracia. Si no tendrá, como en política hemos visto, serios riesgos de divorciarse de una manera importante. Las manifestaciones en la calle que hemos vivido estos últimos años, y muy especialmente estas últimas semanas, son un fiel reflejo de la enorme distancia que separa a la sociedad de una parte de la judicatura”.

Lo que Barkos parecía querernos decir en el churrigueresco estilo habitual, es que ya están tardando los jueces en adaptar y ajustar sus decisiones al clamor popular. La idea suena bien. Lo popular siempre lleva un marchamo extra de legitimidad. Sin embargo, ¿quién nos asegura que no acabemos llegando a la justicia popular? La justicia popular es el disfraz que se pone el linchamiento cuando se quiere colar por la gatera. No creo que nadie considere el linchamiento un modo ejemplar de administrar justicia… aunque con lo que se lee y se oye a veces hay lugar para la sospecha.

La razonable duda sobre donde puede ir a parar todo esto obliga a responder algunas cuestiones. Por ejemplo ¿qué es exactamente el clamor popular? Barkos cita ciertas manifestaciones, pero manifestaciones hay muchas, y no todas sus demandas son atendidas. ¿Cuántos manifestantes hacen falta para que algo sea un clamor? ¿Por qué un número determinado de personas obligan a un poder publico a esprintar, pero otro número no obliga a otro poder público (el de Barkos, sin ir más lejos) a dar siquiera un pasito más largo que otro? Es pertinente también reflexionar sobre por qué en ciertas ocasiones a la Justicia se le exige esprintar mientras que en otras se advierte sobre los males de legislar “en caliente” (si legislar en caliente no es esprintar venga Dios y lo vea). A lo mejor es que algunos le llaman “legislar en caliente” a aquellos esprints que corren en una dirección que les disgusta. Ya nos lo irán explicando.

Por otro lado ¿qué es esa “proporcionalidad en las penas” que se exige ruidosamente en unos casos y se esquiva como a una bicha en otros? Las demandas de celeridad, dureza, contundencia o ejemplaridad que se dirigen a los jueces en unos casos contrastan con las reticencias a aplicar dichos principios a otros casos tan flagrantes o más. Uno llega a pensar que es la conveniencia, y no la justicia, la que lleva a algunas personas a aplicar criterio tan dispar.

Recuerden la petición de firmas que promovieron Juan José Cortés y Juan Carlos Quer en defensa de la pena de prisión permanente revisable frente a los movimientos en su contra de algunos partidos políticos.

Recuerden el debate sobre la revisión de la ley del menor, demanda que choca sistemáticamente con el silencio de los partidos. Les recuerdo el caso Sandra Palo. Un asesinato cruel donde los haya, que no ha despertado, por lo visto, el clamor social necesario para que nadie inicie sprint alguno. ¿Son estos casos testimonio de un “importante divorcio” entre los partidos y la sociedad, según el criterio de la presidenta? Eternas preguntas…

Concluyo. No discuto la legitimidad de muchos de estos planteamientos. Lo que no es legítimo es la incoherencia, el estar pidiendo una cosa y la contraria según de qué o de quién se trate. Porque esto es quizá lo mas grave de todo: que dependiendo de qué se juzgue o a quién se juzgue, el clamor será más ruidoso y la proporcionalidad, paradójicamente, más desproporcionada.

El avance de la sociedad debe ir acompañado, qué duda cabe, del consiguiente ajuste de la legislación, la administración de justicia y del resto de poderes e instituciones. Pero esta es una cuestión de complejidad y trascendencia suficientes como para que ninguna reforma se deba hacer a la ligera, mucho menos estigmatizando a unos profesionales que llevan años a la cabeza de las demandas de mejoras en medios y formación. Es injusto olvidar que pocas actividades humanas habrá tan complejas y de tanta responsabilidad como la de juzgar. Pocas habrá tan solitarias. Al inevitable debate le sobra la algarada tertuliana, furor mediático y, como siempre, barullo politiquero en busca de causa justa que parasitar; le falta, como casi siempre, serenidad, visión a largo plazo y vocación de verdadera mejora social.

Alfredo Arizmendi Ubanell es licenciado en Medicina y Odontología

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