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Los navarros y la Constitución

Javier Tajadura Tejada
Dic 2015
SCNavarra

La Constitución de 1978 ha proporcionado a los navarros –como al resto de españoles- las mayores cotas de libertad y prosperidad de toda su historia. Afortunadamente, la Navarra de hoy nada tiene que ver con la de hace cuarenta años en la que no se respetaban los derechos fundamentales de las personas y se negaba el pluralismo político. La Constitución –como Constitución del consenso y para la concordia entre todos los españoles- puso fin a cuatro décadas de dictadura y estableció un sistema eficaz de garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos. La Constitución de 1978 es sinónimo, por tanto, de libertad. Y por ello el 6 de diciembre es un día para celebrar.

Por otro lado, la Constitución abrió las puertas a un proceso de descentralización territorial del poder sin precedentes en el mundo. Proceso que ha determinado que Navarra disfrute de un nivel de competencias difícilmente superable. Precisamente, por ello, resulta sorprendente la resolución aprobada el pasado día 27 por el Parlamento a favor de abrir un proceso de reforma de la LORAFNA para aumentar las competencias de Navarra. Es difícil incrementar significativamente el autogobierno de Navarra sin desbordar el marco constitucional. El necesario debate sobre el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas debe concretarse en una reforma de la Constitución que previsiblemente tendrá lugar la próxima Legislatura. En este contexto, la futura reforma de nuestra Constitución territorial afectará a tres planos que interesan a los ciudadanos navarros:

El primer objetivo de la reforma –y el más simple- consistirá en constitucionalizar el mapa autonómico, esto es, en recoger en el Texto de 1978, el número y denominación de las 17 Comunidades. Para Navarra esto será fundamental. Implicará la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta cuya vigencia convierte a Navarra en una Comunidad “provisional”. A partir de entonces, la supresión de cualquier Comunidad Autónoma requerirá activar el procedimiento de reforma constitucional. La existencia de Navarra como una más de las CC. AA españolas quedará constitucionalmente garantizada. Hoy no lo está. 

El segundo objetivo –más complejo- exigirá incluir en la Constitución un sistema claro de reparto de competencias. La reforma debiera servir para asegurar que los poderes centrales disponen de las competencias, herramientas, e instrumentos necesarios para garantizar la igual libertad de todos los españoles con independencia del territorio en donde vivan, la unidad económica ( y de mercado) y la “uniformidad de las condiciones de vida de todos los ciudadanos” (utilizando la fórmula de la constitución alemana). Resulta imposible afrontar con rigor este debate si -como hacen los nacionalistas y algunos regionalistas- el “autogobierno” se convierte en un fin en si mismo, esto es, en una ideología según la cual cuantas más competencias asuma Navarra mejor. Por el contrario, desde la comprensión del autogobierno como un instrumento al servicio de los ciudadanos, compatible con el funcionamiento eficaz del Estado, podría llegarse a la conclusión de que algunas competencias que hoy ejercen algunas Comunidades, y Navarra entre ellas, sería mejor que revirtieran al Estado. Los partidos estatales tienen mucha pedagogía que hacer en este campo. Durante mucho tiempo se nos ha estado repitiendo –contra toda lógica- que cuantas más competencias asumiéramos mejor. 

Finalmente –y esa es la cuestión más compleja y delicada- la reforma deberá incluir en la Constitución las directrices básicas del modelo de financiación del conjunto. Un modelo que respete los principios de suficiencia financiera para el ejercicio de las competencias, responsabilidad fiscal, igualdad y solidaridad. 

En esta triple reforma todos nos jugamos mucho. Lo peor que podría ocurrir en este proceso es que los intereses de los navarros se presentaran como opuestos a los del conjunto de los ciudadanos españoles cuando ciertamente son coincidentes. Los partidos que sostienen al Gobierno lo intentarán y buscarán apoyos incluso en la oposición. Esa es la amenaza que hay que conjurar. A la gran mayoría de los navarros nos interesa formar parte de un Estado vertebrado y cohesionado y que funcione eficazmente. 

En estas páginas escribía recientemente Jaime Ignacio del Burgo que la mayoría de los navarros “no está dispuesta a aceptar que Navarra descienda a la segunda división autonómica”. Si con ello se refiere a que no deseamos la unión con el País Vasco, me incluyo en esa mayoría. Ahora bien, algunos navarros aspiramos a construir una España en que no haya ciudadanos de primera y segunda división –según la Comunidad en que residan-  una España que garantice la igual libertad de todos, de conformidad con los principios y valores que proclama la Constitución de 1978 cuyo 37 aniversario hoy celebramos.

Javier Tajadura Tejada

Profesor de Derecho Constitucional de la UPV y miembro de Sociedad Civil Navarra

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